Denuncia contra los médicos responsables de un internamiento y un tratamiento médico coercitivos,
por todos los crímenes respectivos: secuestro, tortura, lesiones corporales graves, etc.

____________

Bogotá D.C., noviembre 05 de 2026

A la Fiscalía General de la Nación

Por medio de la presente,
quien suscribe,
en calidad de VÍCTIMA

interpongo denuncia

y presento querella,

en contra de

la médico general ANDREA VALENTINA BOTIA BAYONA (registro médico 1013678710),
el médico psiquiatra NELSON RICARDO OSORIO MARTINEZ (registro médico 19416707),
el médico psiquiatra JESUS GIOVANNI CORTES RAMIREZ (registro médico 91481106),
la médico especialista MARTHA CONSTANZA RANGEL MORALES (registro médico 35529272),

todos ellos médicos del
HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CLARA de BOGOTA D.C.
(Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.)

y en contra de todos lo demás médicos y personal médico que la fiscalía determine responsables de los hechos que a continuación se describen,
por los delitos de

SECUESTRO SIMPLE AGRAVADO (ARTÍCULOS 168 Y 170 DEL CÓDIGO PENAL),
TORTURA AGRAVADA (ARTÍCULOS 178 Y 179 DEL CÓDIGO PENAL),
LESIONES CORPORALES GRAVES CAUSANDO PERTURBACIÓN FUNCIONAL PERTURBACIÓN PSÍQUICA MEDIANTE EL USO DE AGENTES QUÍMICOS (ARTICULOS 111, 114, 115 Y 116a DEL CÓDIGO PENAL),
ACTOS DE DISCRIMINACIÓN (ARTÍCULO 134A DEL CÓDIGO PENAL),

y todos los demás delitos que determine la fiscalía en su debida investigación.

HECHOS Y FUNDAMENTOS

1.  Los médicos denunciados son responsables de someterme a mí, J.F., a un internamiento y un tratamiento médico coercitivos e ilegales, en contra de mi manifiesta voluntad. Este internamiento y tratamiento médico coercitivo comenzó el 13 de mayo de 2025 y se prolongó por tres semanas hasta el 3 de junio de 2025.

2.  El internamiento médico coercitivo, es una privación arbitraria e ilegal de la libertad, y constituye un SECUESTRO SIMPLE, AGRAVADO porque:

a.  fue perpetrado por los médicos denunciados que ostentan la calidad de servidores públicos (parágrafo 6 del artículo 170 del Código Penal), pues trabajan para un hospital público,

b.  la privación de la libertad se prolongó por más de quince días (parágrafo 3 del artículo 170 del código penal),

c.  la privación de la libertad devino en lesiones personales para mí, el paciente agraviado (parágrafo 10 del artículo 170 del código penal).

3.  Puesto que durante el tratamiento médico coercitivo se me suministraron de manera forzosa fuertes drogas de tipo neuroléptico, que afectaron mi organismo y me dejaron secuelas permanentes como lo es, entre otras, la dependencia a dichas drogas para evitar el respectivo síndrome de abstinencia, así estos hechos constituyen el delito de LESIONES PERSONALES GRAVES CON PERTURBACIÓN FUNCIONAL Y PSÍQUICA MEDIANTE EL USO DE AGENTES QUÍMICOS.

4.  Este internamiento y tratamiento médico coercitivo me provocó a mí, el paciente agraviado, un sufrimiento físico, emocional y psíquico, que me fue infligido por los médicos denunciados con el fin de coaccionarme a un comportamiento específico dictaminado por esos médicos, así como con el fin de vencer mi justa oposición y resistencia a esa abusiva violencia médica, y de coaccionarme a que me sometiera a su tratamiento médico. Este internamiento y tratamiento médico coercitivo además estuvo motivado en la alegación falsa, ilegal y discriminatoria del peligro que – según los médicos denunciados – podría supuestamente constituir yo, el paciente agraviado, y, por lo tanto, este internamiento médico coercitivo constituye así el delito de TORTURA, AGRAVADA porque:

a.  fue perpetrada por médicos que tienen la calidad de servidores públicos (parágrafo 2 del artículo 179 del código penal), 

b.  fue perpetrada en contra de un paciente (parágrafo 3 del artículo 179 del código penal),

c.  fue perpetrada utilizando bienes del Estado como lo son las instalaciones y utensilios del hospital público Santa Clara (parágrafo 5 del artículo 179 del código penal).

5.  Durante este internamiento médico coercitivo se me impidió además el acceso eficaz y oportuno a mi red de apoyo y el ejercicio de mi derecho a defenderme judicialmente de este abuso y esta violencia médica, en tanto los médicos denunciados me prohibieron e impidieron el uso de teléfono celular entre otras restricciones a la libre comunicación.

6.  Por estos hechos la Corte Constitucional emitió una sentencia en la que determinó que efectivamente, yo, el paciente J.F. fui víctima de los hechos denunciados, en los que se consumó un daño grave a mis derechos fundamentales, empezando por la violación de mi derecho a la vida en condiciones dignas, tal como consta en la respectiva Sentencia T-268 del 27 de agosto de 2026 proferida por la Corte Constitucional. Así se ha demostrado ya en dicho proceso judicial la ocurrencia de los referidos hechos delictivos, y además esta sentencia también prueba que los médicos denunciados han incurrido en el delito de ACTOS DE DISCRIMINACIÓN, en tanto esos médicos han impedido, obstruido y restringido el pleno ejercicio de mis derechos fundamentales, usando la enfermedad como motivación y pretexto para llevar a cabo esos actos discriminatorios, o sea, legalmente perpetrando actos de discriminación por razón de enfermedad.

La Fiscalía ha de solicitar a la Corte Constitucional el expediente completo de esta acción de tutela (número de expediente en la Corte Constitucional: T-11306607) así como copia no anonimizada de la Sentencia T-268 de 2026, como parte del material probatorio.

PETICIÓN

Por tanto, con base en lo anterior, en todos los hechos y en todas las razones jurídicas y legales, solicito a la Fiscalía llevar a cabo el procesamiento penal de los médicos denunciados y llevarlos al banquillo de los acusados.

Atentamente,

J.F.

Notificaciones a: …

Denuncia contra los médicos responsables de un internamiento y un tratamiento médico coercitivos,
por todos los crímenes respectivos: secuestro, tortura, lesiones corporales graves, etc.
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Bogotá D.C., noviembre 05 de 2026
A la Fiscalía General de la Nación


Por medio de la presente,
quien suscribe,
en calidad de VÍCTIMA
interpongo denuncia
y presento querella,
en contra de
la médico general ANDREA VALENTINA BOTIA BAYONA (registro médico 1013678710),
el médico psiquiatra NELSON RICARDO OSORIO MARTINEZ (registro médico 19416707),
el médico psiquiatra JESUS GIOVANNI CORTES RAMIREZ (registro médico 91481106),
la médico especialista MARTHA CONSTANZA RANGEL MORALES (registro médico 35529272),
todos ellos médicos del
HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CLARA de BOGOTA D.C.
(Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.)
y en contra de todos lo demás médicos y personal médico que la fiscalía determine responsables de los hechos que a continuación se describen,
por los delitos de
SECUESTRO SIMPLE AGRAVADO (ARTÍCULOS 168 Y 170 DEL CÓDIGO PENAL),
TORTURA AGRAVADA (ARTÍCULOS 178 Y 179 DEL CÓDIGO PENAL),
LESIONES CORPORALES GRAVES CAUSANDO PERTURBACIÓN FUNCIONAL PERTURBACIÓN PSÍQUICA MEDIANTE EL USO DE AGENTES QUÍMICOS (ARTICULOS 111, 114, 115 Y 116a DEL CÓDIGO PENAL),
ACTOS DE DISCRIMINACIÓN (ARTÍCULO 134A DEL CÓDIGO PENAL),
y todos los demás delitos que determine la fiscalía en su debida investigación.
HECHOS Y FUNDAMENTOS
1.  Los médicos denunciados son responsables de someterme a mí, J.F., a un internamiento y un tratamiento médico coercitivos e ilegales, en contra de mi manifiesta voluntad. Este internamiento y tratamiento médico coercitivo comenzó el 13 de mayo de 2025 y se prolongó por tres semanas hasta el 3 de junio de 2025.
2.  El internamiento médico coercitivo, es una privación arbitraria e ilegal de la libertad, y constituye un SECUESTRO SIMPLE, AGRAVADO porque:
a.  fue perpetrado por los médicos denunciados que ostentan la calidad de servidores públicos (parágrafo 6 del artículo 170 del Código Penal), pues trabajan para un hospital público,
b.  la privación de la libertad se prolongó por más de quince días (parágrafo 3 del artículo 170 del código penal),
c.  la privación de la libertad devino en lesiones personales para mí, el paciente agraviado (parágrafo 10 del artículo 170 del código penal).
3.  Puesto que durante el tratamiento médico coercitivo se me suministraron de manera forzosa fuertes drogas de tipo neuroléptico, que afectaron mi organismo y me dejaron secuelas permanentes como lo es, entre otras, la dependencia a dichas drogas para evitar el respectivo síndrome de abstinencia, así estos hechos constituyen el delito de LESIONES PERSONALES GRAVES CON PERTURBACIÓN FUNCIONAL Y PSÍQUICA MEDIANTE EL USO DE AGENTES QUÍMICOS.
4.  Este internamiento y tratamiento médico coercitivo me provocó a mí, el paciente agraviado, un sufrimiento físico, emocional y psíquico, que me fue infligido por los médicos denunciados con el fin de coaccionarme a un comportamiento específico dictaminado por esos médicos, así como con el fin de vencer mi justa oposición y resistencia a esa abusiva violencia médica, y de coaccionarme a que me sometiera a su tratamiento médico. Este internamiento y tratamiento médico coercitivo además estuvo motivado en la alegación falsa, ilegal y discriminatoria del peligro que – según los médicos denunciados – podría supuestamente constituir yo, el paciente agraviado, y, por lo tanto, este internamiento médico coercitivo constituye así el delito de TORTURA, AGRAVADA porque:
a.  fue perpetrada por médicos que tienen la calidad de servidores públicos (parágrafo 2 del artículo 179 del código penal), 
b.  fue perpetrada en contra de un paciente (parágrafo 3 del artículo 179 del código penal),
c.  fue perpetrada utilizando bienes del Estado como lo son las instalaciones y utensilios del hospital público Santa Clara (parágrafo 5 del artículo 179 del código penal).
5.  Durante este internamiento médico coercitivo se me impidió además el acceso eficaz y oportuno a mi red de apoyo y el ejercicio de mi derecho a defenderme judicialmente de este abuso y esta violencia médica, en tanto los médicos denunciados me prohibieron e impidieron el uso de teléfono celular entre otras restricciones a la libre comunicación.
6.  Por estos hechos la Corte Constitucional emitió una sentencia en la que determinó que efectivamente, yo, el paciente J.F. fui víctima de los hechos denunciados, en los que se consumó un daño grave a mis derechos fundamentales, empezando por la violación de mi derecho a la vida en condiciones dignas, tal como consta en la respectiva Sentencia T-268 del 27 de agosto de 2026 proferida por la Corte Constitucional. Así se ha demostrado ya en dicho proceso judicial la ocurrencia de los referidos hechos delictivos, y además esta sentencia también prueba que los médicos denunciados han incurrido en el delito de ACTOS DE DISCRIMINACIÓN, en tanto esos médicos han impedido, obstruido y restringido el pleno ejercicio de mis derechos fundamentales, usando la enfermedad como motivación y pretexto para llevar a cabo esos actos discriminatorios, o sea, legalmente perpetrando actos de discriminación por razón de enfermedad.
La Fiscalía ha de solicitar a la Corte Constitucional el expediente completo de esta acción de tutela (número de expediente en la Corte Constitucional: T-11306607) así como copia no anonimizada de la Sentencia T-268 de 2026, como parte del material probatorio.
PETICIÓN
Por tanto, con base en lo anterior, en todos los hechos y en todas las razones jurídicas y legales, solicito a la Fiscalía llevar a cabo el procesamiento penal de los médicos denunciados y llevarlos al banquillo de los acusados.
Atentamente,
J.F.
Notificaciones a: …