ESTE TEXTO SÓLO ES UN COMIENZO ...

El conflicto entre la dirección de la clínica y algunos médicos que ya no estaban dispuestos a obedecer a la dictadura de aquellos superiores hostiles a los pacientes, sino que tomaban las necesidades de los enfermos como punto de partida de su terapéutica, este conflicto fue explotado por algunos colegas ávidos de carrera en favor de su afán de lucro. Pero los médicos que tomaban el partido de los pacientes y no de la ganancia fueron echados.

La cooperación entre el médico y los pacientes no está prevista en el sistema dominante, más bien la relación médico-paciente está determinada por la distancia, la mediatización [Mittelbarkeit]. El médico que está acostumbrado a considerar a sus pacientes como caso, como cosa, tiene que aprender a ya no fijar las formas de expresión de la población enferma mediante el diagnóstico, sino a entenderlas como una manifestación vital adecuada a la realidad de los oprimidos. La formación de una conciencia proletaria como condición e instrumento de una terapéutica progresiva sólo es posible si el médico como persona abandona su pretensión de dirigir el proceso terapéutico. Para eso es preciso concebir que también el presunto sujeto médico es un objeto de las condiciones reinantes. Durante el estudio el médico no es preparado para aplicar una terapéutica orientada a las necesidades de los pacientes, tampoco se le prepara en las conferencias, los seminarios, los congresos, sino sólo en la confrontación diaria con la realidad de los pacientes, con la miseria de la explotación y opresión. Cara a cara con esta realidad se encuentra un sistema infatuado de una jerarquía petrificada en forma de una Sanidad que es pagada a la fuerza por los pacientes en forma de cargas sociales e impuestos.

Conferencias universitarias con colegas que conocen a los enfermos únicamente bajo la etiqueta del diagnóstico y les tratan así, no sirven para nada y tienen lugar a costa del tiempo de espera de los pacientes. La no participación en estas conferencias que exigen mucho tiempo (el tiempo de los pacientes) y que son ineficaces, quiere decir, que son conferencias al servicio de las funciones de selección de la policlínica, fue tomada como pretexto para el despido del Dr.Huber. Pero en realidad el trabajo terapéutico con y para los pacientes se convirtió en la crítica práctica contra las instituciones de la Sanidad y contra la explotación de la enfermedad en estas instituciones.

En las clínicas universitarias la Sanidad, sea solamente conforme a su tendencia posible, está socializada en el sentido progresivo. Por lo tanto existe aquí la posibilidad y para los médicos la obligación de hacer accesible estos privilegios a la población (que les paga).

En comparación con los médicos establecidos y los centros hospitalarios municipales y estatales, las clínicas universitarias disfrutan de ciertos privilegios:

1. Los médicos empleados allí no dependen de los honorarios o de los volantes del seguro de los pacientes, cobran un sueldo fijo a veces pequeño. El trabajo administrativo y el equipo de instrumentos médicos es hecho por la dirección de la clínica.

2. La prescripción es libre, quiere decir que no está sujeta al control y a las restricciones por las cajas de enfermedad o bien por las asociaciones de los médicos de la caja de seguros como en el caso de los médicos establecidos. Esta "libertad de prescripción" está motivada por las tareas de investigación de una clínica universitaria: La investigación farmacológica a favor de las ganancias de la industria farmacéutica es fomentada por el Estado con el dinero de los pacientes.

Mediante la institucionalización efectiva como grupo autónomo de trabajo en los locales de la universidad, los pacientes habían conseguido que, en forma del rector, la universidad en su totalidad había confirmado la incompetencia de la facultad Médica en cuanto a la asistencia al enfermo. Pero la aplicación del compromiso fracasó desde un principio:

1.  Los locales de trabajo que estaban vacíos más de medio año (a costa de los contribuyentes) tuvieron que ser renovados por los pacientes.

2. La prescripción libre [freie Rezeptur] garantizada fue saboteada de una manera criminal por el director de la clínica, v. Baeyer, y el médico jefe, Oesterreich, (Oesterreich: "¡No se puede permitir que Huber prescriba recetas! ¡Podría prescribir dinamita!"]. Los pacientes que quisieron hablar con v. Baeyer sobre la aplicación técnica de la prescripción, fueron expulsados a la fuerza de la clínica por la policía y les fue prohibido el acceso a los edificios de la zona clínica. El médico jefe, Oesterreich, decretó contra la autoorganización un bloqueo de recetas en las farmacias de Heidelberg. Quiere decir, que las recetas prescritas por Dr. Huber ya no fueron aceptadas. Un gran mutilado de guerra y pensionista que presentó una receta en una farmacia, fue mandado por teléfono por el médico jefe, Oesterreich, – que mientras tanto había hecho oposiciones a una cátedra sobre el tema de la enfermedad senil – al prorrector Podlech (un jurista que se dedicó a la ejecución del compromiso] para dejar refrendar su receta. En una asamblea pública, este mutilado de guerra fue insultado por Oesterreich de este modo: "¡Mire usted, esto es su obra, señor Dr. Huber!".

3. La suma global mensual garantizada no fue pagada por el rectorado desde marzo hasta julio. Más bien amenazaron con el desahucio de los locales de trabajo y el bloqueo del teléfono. A despecho de todos los acuerdos y compromisos el rectorado intentó arbitrariamente echar afuera a los pacientes de los locales hasta el 30 de septiembre de 1970. Dr. Huber debía confirmar por firma de que a partir del 30 de septiembre de 1970 los pacientes ya no necesitarían ninguna terapia calificada. Como medio de coacción el rectorado utilizó el bloqueo de hambre contra la autoorganización: La universidad negó el pago del dinero garantizado por el "compromiso". Pronto se manifestó que el "compromiso" fue un dictado contra la autoorganización de los pacientes. La asistencia al enfermo en forma del compromiso se desenmascaró como un paso más de la estrategia de exterminio contra los pacientes.

Después de cuatro meses de lucha de los pacientes contra el chantaje continuo y el bloqueo de hambre por parte del rectorado, los pacientes estuvieron hartos y ocuparon la oficina del rector Rendtorff el 6 de julio de 1970. Las exigencias del Colectivo Socialista de Pacientes ante el rectorado fueron las siguientes:

1. El control de la asistencia al enfermo por los pacientes; abolición de la determinación ajena [Fremdbestimmung] de la Sanidad, por ejemplo por la industria y el ejército [Bundeswehr] etc.

2. El control del derecho de casa en las clínicas por los pacientes. Como medida provisional, el derecho de casa se delega al rector.

3. Anexión del dinero de la clínica por los pacientes organizados. Como solución provisional, todo el dinero de la clínica se transfiere a la caja de la universidad.

La primera medida para realizar estas exigencias es la siguiente:

a) Entrega gratuita y de duración ilimitada de una casa en la cual los pacientes están protegidos contra ataques de fuera. La casa tiene por lo menos diez habitaciones. La universidad se encarga del coste de todos los objetos de equipo terapéuticamente necesarios y de los gastos corrientes. Dos portadores de funciones médicas del Colectivo de Pacientes se encargan de la asistencia al enfermo y son pagados por la universidad. Para los trabajos en la oficina y las obras sociales [sozialpflegerische Taetigkeiten] los recursos son puestos a disposición de los pacientes.

b) Entrega inmediata, gratuita y de duración ilimitada de una casa con al menos diez habitaciones para alojar a pacientes que están amenazados de una manera específica por las condiciones sociales dominantes. Esto es necesario para protegerles contra el peligro de la psiquiatría establecida.

c) Hasta la toma de posesión de los nuevos locales, el COLECTIVO SOCIALISTA DE PACIENTES sigue en la Rohrbacherstrasse 12.

La difamación y las instigaciones contra los pacientes en la prensa y la radio que hasta la decisión del consejo de administración practicaban únicamente la facultad Médica (prodecano Dr. Kretz) y la facultad Psiquiatría-Psicosomática (el vicedirector de esta facultad, el Dr. Kretz) en declaraciones de prensa, cartas públicas y cartas al director, estas difamaciones fueron intensificadas por la voz del ministro de Cultura de Baden-Wuerttemberg, prof. Wilhelm Hahn del underground demócrata cristiano (CDU). La prensa burguesa reaccionaria abrió sus columnas para los artículos incitantes de los que se adjudicaron el derecho de hablar en nombre de los pacientes, mientras que las declaraciones o las réplicas contrarias de los pacientes no fueron publicadas en absoluto o fueron publicadas desfigurando totalmente el sentido. Ya el 20 de julio de 1970 el ministro de Cultura calificó en la prensa la decisión del consejo de administración de "altamente ilegal" y declaró en la radio que "hay que someter a los pacientes del SPK al tratamiento que merecen y necesitan", al final con su decreto del 18.9.1970 prohibió a la universidad realizar la decisión de su consejo de administración. Estas campañas públicas de difamación de los médicos fomentadas y favorecidas por el ministro de Cultura repercutieron en el trabajo de los pacientes: Por un lado las instituciones médicas y universitarias mostraron claramente la enemistad fundamental contra los pacientes; por otro lado los familiares y patrones de pacientes que conocían al SPK sólo a través de los artículos de instigación de la parte contraria, trataron – en parte con éxito – de presionar a los enfermos molestos y de disuadirles de la cooperación en el SPK.

Esta experiencia ha mostrado de una manera sensual y concreta la relación que hay entre la conciencia burguesa, el así llamado sentido común sano [gesunder Menschenverstand] y la racionalidad del capitalismo.

La primera sentencia de desahucio del 14 de noviembre de 1970 contra los pacientes (formalmente contra Dr. Huber) fue un intento más de liquidar el SPK. El 9.11.1970 el ministro de Cultura, Hahn, calificó (con la sentencia de desahucio en el bolsillo) a los pacientes de "mala hierba que no puede ser soportada más tiempo y que tiene que ser eliminada con todos los medios disponibles".

En la misma noche el rector de la universidad, Rendtorff, se comprometió ante el SPK a retirar la demanda de desahucio que la universidad había presentado por orden de Hahn y a impugnar ante el tribunal administrativo el decreto del ministro de Cultura del 18.9.1970 en el cual basaba la demanda. Con su firma, Rendtorff declaró también que presentaría ante el senado, como órgano universitario competente, la moción de institucionalizar formalmente al SPK, consultando a los expertos del rectorado, Richter, Brueckner y Spazier.

Después de su declaración el primer paso del rector fue que se dejó certificar por el senado cuyo presidente era él mismo la nulidad de su firma (se hizo poner bajo tutela). A continuación los pacientes solicitaron el 16.11.1970 ante el tribunal contencioso-administrativo una resolución provisional contra el pogrom del ministro de Cultura, Hahn, y pusieron pleito contra el decreto del 18.9.70, refiriéndose a los derechos fundamentales como la inviolabilidad del individuo y la libertad de la investigación y de la enseñanza. Gracias a la táctica dilatoria de los tribunales, la vista del pleito no tuvo lugar antes de enero de 1972. El pleito fue rechazado a costa de los pacientes.

En una sesión secreta en la cual no fueron consultados los arriba mencionados expertos, pero más bien el profesor Dr.Dr. Heinz Haefner como experto en materia de maximizar las ganancias mediante la explotación de los enfermos, el senado decidió el 24.11.1970 correspondiente a la propuesta de la facultad Médica (Schnyder, Kretz) "que el SPK no puede ser una institución en la universidad". Por experta orden del decano de la facultad de Derecho, el profesor Dr. Leferenz, y por iniciativa de los miembros de la facultad de Ciencias y Matemáticas, este decreto debió ser ejecutado inmediatamente por el canciller de la universidad "por vía administrativa aplicando medios estatales"(= policía, ejército ...). A pesar de toda desconfianza en la firma del teólogo Rendtorff, el Dr. Huber y los pacientes interpusieron apelación por un abogado contra la sentencia de desahucio del 4.11.1970. El 13.5.1971 se publicó de nuevo una sentencia ejecutoria de desahucio contra el SPK (o bien contra el Dr. Huber). La protección jurídica contra la ejecución, entonces solicitada por el SPK, no fue tratada en absoluto por el tribunal.

Todos los detenidos menos dos fueron puestos en libertad después de 47 horas a lo sumo. Con la ayuda de la inculpación de ser miembros de una asociación criminal, pusieron en pie al fin dos órdenes de arresto contra los dos pacientes del SPK retenidos en prisión. Por pertenencia al SPK rechazaron a los solicitantes (también a los maridos) el permiso de visita. Del mismo modo la fiscalía y los jueces no tomaron en consideración hasta hoy un dictamen médico que certificaba la necesidad urgente de dar permisos de visita para al menos 40 pacientes del SPK que cooperaron en la agitación personal y en la agitación en grupo con los dos pacientes del SPK retenidos en prisión.

En la madrugada del día 21 de julio de 1971, un día antes de la ejecución de la sentencia de desahucio anunciada por el tribunal, centenares de policías con metralletas y perros atracaron los locales de trabajo del SPK que ya el día 13 de julio habían sido cerrados por nosotros en público a causa del peligro ya no justificable para los pacientes por el terror de los soplones policíacos. Al mismo tiempo registraron de nuevo poniéndolo todo al revés diez viviendas de pacientes de las cuales la mayor parte ya habían sido registradas en junio. Encarcelaron a nueve pacientes del SPK y les dispersaron en ocho cárceles diferentes, distribuidas sobre toda la provincia de Baden-Wuerttemberg, en aislamiento celular riguroso, exponiéndoles a represalias e interrogatorios permanentes. También la fiscalía se encargó de que nueve de los once detenidos ya no tuvieran ninguna representación jurídica por abogados (defensa): Prohibieron la defensa al abogado de los pacientes detenidos del SPK, inculpándole sin más ni más de encubrimiento de sus clientes y esto en una fase del proceso en que ninguna sospecha estaba probada contra ninguno de los detenidos (viéndose frente a tan extraordinarios detenidos sólo el miedo de los perseguidores dominaba su procedimiento, a pesar de la distancia fortificada por muros de prisiones). Tuvieron que anular esta prohibición de defensa después de más de un mes.

Nuestra fuerza como pacientes consiste en el hecho de que estamos totalmente fuera del derecho burgués. En la sociedad burguesa existe una relación entre la propiedad y el derecho; una persona se define mediante su propiedad, es decir que dispone libremente de su propiedad. La única propiedad de la cual dispone un obrero, es la mercancía fuerza de trabajo.

Los enfermos son definidos por la Sanidad como los que temporalmente o para siempre ya no disponen de la mercancía fuerza de trabajo. Con la pérdida de la mercancía fuerza de trabajo se derogan todos los derechos que están en vigor para el poseedor de la mercancía media fuerza de trabajo. Quien ha perdido su última propiedad que es la mercancía fuerza de trabajo, ya no es un "sujeto de derecho" [Rechtssubjekt]. ¡De ahí que, si el derecho se aplica contra nosotros, y esto ocurre permanentemente, no alcanza a personas, sino a los que están privados de derechos! A ruinas humanas [Menschenwracks] que según la opinión corriente no poseen ningún poder, ni siquiera sobre si mismos y mucho menos sobre los demás. Pero un derecho contra los que están privados de derechos es cosa imposible, es un absurdo [ein Un-Ding], una in-justicia [ein Un-Recht], al cual no debemos atenernos porque no nos concierne porque tal derecho no está hecho en absoluto para nosotros.

La privación de nuestros locales necesarios para la autoorganización, de los instrumentos, de la muleta financiera y al final de nuestra vida, todo eso sólo puede ser interpretado por nosotros como una invitación a la autodefensa. Y como la privación de los medios de producción y la destrucción de la vida concierne a cada uno que no posee nada más que la mercancía fuerza de trabajo, los explotados pueden realizar su derecho de vida solamente por medio de la autodefensa colectiva.

Solamente debido a que estamos sujetos al derecho penal, tenemos realmente relevancia jurídica. Nuestra "rehabilitación" consiste en haber pasado del estatus de paciente al estatus de preso o bien de preso preventivo, y del estatus sin derechos hemos pasado objetivamente al estatus de relevancia jurídica.

Menos mal que los poderosos de la universidad no han disputado a los pacientes el privilegio del estatus sin derechos. Al contrario, el rector Rendtorff y sus prosélitos han llamado la atención de los pacientes una y otra vez sobre este estatus, viendo en este estatus no sólo la legitimación para usar la fuerza de armas policíacas contra los enfermos, sino también evidentemente una mancilla. Pero naturalmente no es posible poner en duda la pertenencia de los pacientes a la universidad. Si no fuera así, ¿por Dios, dónde quedarían los directores de clínica con sus ingresos de millones y todos aquellos que compiten con ellos sobre los cadáveres de los pacientes?

El derecho que protege los intereses del capitalismo sigue siendo el mismo para los pacientes antes y después de la entrada en vigor de la constitución [Grundordnung] de la Universidad de Heidelberg y de la ley universitaria. Como pacientes no pueden reivindicar nada. Como es sabido – y la democracia está orgullosa de eso desde mucho tiempo antes – ante la ley todos son iguales. Esto significa por ejemplo que, según la ley, cada uno, efectivamente cada uno, se puede permitir hacer las mismas cosas que, digamos, el señor Axel Springer, el magnate de la prensa de derechas alemana porque ambos son iguales ante la ley. Pero la realidad es distinta. No cada uno puede dedicarse a la difamación permanente como Axel Springer, aunque la ley del Estado liberal-democrático de derecho ha hecho de cada uno un Axel Springer, quiéralo o no: Pero sólo en la teoría y como mera posibilidad. En realidad queda cada uno toda su vida objeto de aquellos Axel Springer. O tomamos el derecho de la "libertad de investigación y enseñanza": También este derecho está en vigor para cada uno. Incluso algunos estudiantes pueden recurrir a él si el monedero se lo permite. Ultimamente y como es sabido, la asociación de catedráticos "Unión libertad de ciencia" ["Bund Freiheit der Wissenschaft"] monopoliza este derecho utilizándolo contra las masas de los afectados e interesados. [Bund Freiheit der Wissenschaft: Asociación de profesores e intelectuales reaccionarios de los cuales algunos son conocidos por su pasado nazista.]

Se ve: Todos están al menos formalmente dentro de la ley. No es así para pacientes. No tienen derecho al tratamiento ni en la universidad ni donde quieran. Al contrario, en algunos casos están sujetos a la coacción de dejarse tratar (vacunación antivariólica, reconocimiento por el médico inspector del seguro) sin posibilidad legal de influir en los contenidos, las circunstancias etcétera. Cada uno puede caer enfermo, todos son potencialmente pacientes; esto ya se ve en las cargas sociales.

Este Estado liberal-democrático de derecho cuya necesidad es justificada una y otra vez por los agentes del capital con el argumento que cada uno lo necesita para su protección, este Estado no protege a los que, por ejemplo con sus cargas sociales, lo sostienen. ¡De un Estado que reacciona con recursos jurídicos contra las reivindicaciones de los que pretende proteger, de tal Estado hay que guardarse!

La ausencia de derechos para los pacientes se ha manifestado en concreto para el SPK de la manera siguiente:

1. Según la ley los enfermos no tienen ningunos derechos en la clínica universitaria. A lo sumo son tolerados allí, como realmente en todas partes. Incluso esto solamente con la reserva que no den un disgusto a sus explotadores y consientan a gusto y con gratitud en todo de lo que sus explotadores esperan provechos propios.

2. Con el consentimiento de su jefe, los médicos de la universidad pueden echar a la calle a los pacientes. Esta utilización de la "mercancía enfermedad" ["Krankengut"] y otros desechos es jurídicamente impecable.

3. El rector de la universidad puede echar a la calle al médico. Si esto es solicitado por otros médicos que han echado a la calle a pacientes, la posición jurídica del rector no es restringida en absoluto por este hecho.

4. Si el médico pone pleito ante el tribunal administrativo contra su despido en el sentido de un pleito constitucional, los puntos 1) hasta 3) por supuesto siguen vigentes.

5. Si los pacientes ponen pleito ante el tribunal administrativo en el sentido de un pleito constitucional (inviolabilidad de la persona etc.), los puntos 1) hasta 3) por supuesto siguen vigentes.

A pesar de esta situación jurídicamente impecable, el ministerio de Cultura se vio obligado a presentar a través del rectorado una demanda de desahucio: Después de haber sido echados de la clínica los pacientes habían conseguido luchando el derecho a locales universitarios. Para romper la resistencia de los pacientes, los responsables del rectorado recurrían a una demanda de desahucio, una demanda del derecho privado, que se dirigía formalmente sólo contra el Dr. Huber que había abandonado estos locales universitarios desde hacía tiempo. Aquí se muestra la cobardía de los señores mencionados al defender públicamente sus medidas. Con seguridad esto no tiene motivos psicológicos. Porque la población explotada – y ellos son los afectados, los enfermos – menearía la cabeza. Tal vez algunos que se han liberado de sus inhibiciones preguntarían : "¿No hay algo más en nuestro derecho? – ¿De quién es este derecho en realidad?...¿A quién sirve?" y por fin: "¿Cómo podemos protegernos eficazmente contra este derecho?"

Todo el mundo sabe que se gobierna permanentemente contra el pueblo. Pero la lucha de clases de los enfermos ya ha empezado. Esto se manifiesta entre otras cosas en el hecho de que el poder político de la reacción tiene que camuflarse, aunque sólo temporalmente, con una demanda de desahucio del derecho privado. Pero la dictadura del proletariado tiende a la abolición de las relaciones capitalistas de producción y a la abolición de la mutilación de los hombres, por consiguiente tiende a objetivos que son de interés público. Pero el interés público no necesita en absoluto las vías judiciales de la reacción. Sino lo que necesita son todos los medios para la autodefensa. Y estos medios se determinan por el potencial de violencia de sus adversarios y por las brechas y fisuras de ésos.

En cuanto a la universidad: No hace falta grandes esfuerzos para esbozar ahora la forma del conflicto.

Para los intereses de la población – el proletariado bajo la determinación de la enfermedad [unter der Bestimmung Krankheit] – y para sus propios intereses un número cada vez más creciente de pacientes políticamente conscientes se había organizado en el SPK para llevar la universidad a su destino original el que es practicar ciencia: Poner la naturaleza y la ciencia a la disposición de todos. Este intento es una violación de la ley en el doble sentido: Por un lado, porque según la constitución universitaria y la ley de universidad, los pacientes no tienen derecho de estar en la universidad. En segundo lugar, porque el ministerio de Cultura es la autoridad superior de la universidad, quiere decir que tiene que prohibir mediante la retirada del dinero y de los locales, y por lo visto este caso de emergencia ha ocurrido, todas las tendencias científicas que ponen la naturaleza y la economía a la disposición de todos.

Por eso la universidad habría tenido que poner en marcha al agente ejecutivo y a la policía para defender la autonomía de la universidad contra las exigencias – si bien fundadas – de los pacientes. La ley de la universidad y la constitución universitaria preveían que los pacientes, más allá del estatus sin derechos que les fue concedido, no habían de reivindicar absolutamente nada en la universidad. Si el ministro de Cultura hubiera exigido – ¡imagíneselo, si se puede! – en lugar del desahucio la institucionalización [statt der Ausraeumung die Einraeumung] del SPK, entonces el rector habría tenido que oponerse jurídicamente, a saber en el interés de la autonomía universitaria, como la ley lo exige. Está porque la universidad está obligada por la ley de defender su autonomía contra la población, sobre todo si ésta se presenta como proletariado bajo la determinación de la enfermedad. Este momento estelar en forma de una autodenuncia a causa del abuso de la universidad con el fin de mejorar las condiciones de vida nos ha sido ahorrado por la sentencia de desahucio. ¿Debe servir la universidad al populacho? ¡ Dios nos libre! Al revés: ¡Qué el populacho sirva a la economía, se someta a las fuerzas naturales, al aparato del Estado que saca la pistola, golpea con la porra, reparte caritativamente veneno de fármacos y electrochoques! Este lema de los explotadores, la quintaesencia de todas sus leyes, es absolutamente universal.

La situación presente resultando de la lucha por la vida de los pacientes contra la violencia abierta de parte de la medicina, de la burocracia universitaria, del Gobierno de la provincia [Landesregierung] y de la justicia, representó una coincidencia raramente "afortunada": Esta situación permitió desenmascarar un sistema absurdo contra el cual hay que defenderse con todos los medios asequibles. Existe por una parte una sociedad muy organizada con todas sus posibilidades que están a su disposición, y existe por otra parte una estructura de violencia, históricamente anticuada que tiene de su parte la apariencia del derecho. Y la violencia necesita esta apariencia falsa para que la violencia pueda ser confundida con "naturaleza" y pueda actuar con toda brutalidad. Por eso la violencia tiene que camuflarse y enmascararse como derecho, a saber con el derecho que fue creado por la violencia misma. En cambio, la violencia revolucionaria sólo tiene que servir a la protección de los que la emplean. Aquí, detrás de la violencia revolucionaria hay un ser humano, allí detrás del derecho existe la violencia reaccionaria. El derecho y la violencia no nacen de cabezas humanas, sino de las relaciones capitalistas de producción. En cambio, la violencia revolucionaria nace del sufrimiento que se ha convertido en conciencia y reemplaza la mutilación [Verkrueppelung] soportada hasta entonces sin tomar conciencia y la transforma en relaciones, conocimientos y herramientas para proteger a cada uno y para impulsar el desarrollo necesario de la práctica colectiva.

El derecho capitalista llena el abismo entre la población y la universidad con los cadáveres de los que como enfermos han expresado inconscientemente la resistencia pasiva contra el trabajo capitalista y que ya no podían ser remendados por la universidad para la solución final capitalista.

En la historia del SPK se mostraba la violencia del derecho dominante en la forma siguiente: Para destruir la autoorganización de los pacientes han empleado – sobre todo los administradores de la Sanidad – junto con la construcción del "despido sin aviso del médico, Dr. Huber, del funcionariado y prohibición de acceso a los locales universitarios" las coacciones y medidas violentas siguientes contra los enfermos:

De este análisis de las proporciones de fuerzas resulta lo siguiente:

La realidad de la fachada de nuestros adversarios la que parece económica y jurídicamente inatacable es la destrucción de tejidos humanos y de formas de unidad y de cohesión humanas, – una destrucción mensurable en voltios, unidades tóxicas, kilográmetros y calorías. Esta realidad de la economía y del derecho se muestra prácticamente en un doble aspecto. Por un lado, mediante sus efectos que hemos detallado en el pasaje anterior punto por punto, aunque sin pretensión de exhaustividad. Por otro lado, por el hecho de que hemos reivindicado enérgicamente una y otra vez una base mínima para nuestro trabajo científico, eminentemente necesario y útil, y hemos exigido nuestro derecho frente a todos los destinatarios entrando en consideración. Pero el aparato de violencia dirigido contra nosotros se mostraba siempre como una violencia destructiva contra la vida humana mensurable en voltios, unidades tóxicas, kilográmetros y calorías. Después de haber atacado nosotros a esta violencia ya no bajo el signo del derecho, sino reivindicando la vida, por ejemplo con la huelga de hambre en febrero de 1970 y con la ocupación del rectorado en julio 1970, nos han hecho no sólo justicia, sino conseguimos también el dinero escatimado a nosotros.

Por tanto no hay ni derechos a favor de los enfermos ni derechos en contra de los enfermos. Más bien hay solamente violencia en contra de los enfermos, pero hay también violencia a favor de los enfermos. Lo que se llama el derecho es nada más que la violencia destructiva dejada al adversario. La violencia revolucionaria es el derecho a la protección de la vida contra la destrucción. Los enfermos no tienen derechos. Por consiguiente, el derecho no puede tolerar que los enfermos se organizen en asambleas, que controlen como afectados el asesinato frenado (enfermedad reaccionaria) o formen una organización de masas con el objetivo de abolir la enfermedad como fuerza productiva para el capitalismo, porque únicamente la enfermedad es el motor de la producción y del consumo en las islas del bienestar y así también del negocio lucrativo con el homicidio en masa en el mundo.