Solamente en una sociedad, que está dominada de cabo a rabo por el principio de la rentabilidad y por la norma de salud y valor programada por la clase médica, la vida enferma - ¿y existe otra? – se convierte en una carga. Solamente en el colectivo de la enfermedad libre de médicos, la enfermedad se convierte en la materia para la creación continua del cuerpo calor colectivo.

En Colombia, la clase médica declara el estado de guerra contra la población. Para eso la clase médica se sirve de la Corte Constitucional para derogar uno de los derechos humanos fundamentales: el derecho a la vida. La Corte Constitucional ha "ordenado" al gobierno nacional, pasando por alto la soberanía popular como único órgano constitucionalmente autorizado para legislar, que reglamente por decreto la así llamada eutanasia, mejor dicho: la moderna eutaNAZIa primigeniamente médica. La clase médica, sirviéndose de la Corte Constitucional, está derogando el derecho constitucional a la vida para subrogarlo por el derecho médico a matar. Esto es la suspensión del orden jurídico (iustitium) en uno de sus pilares fundamentales, el derecho a la vida, una suspensión del orden jurídico a la que los dominantes recurren y recurrieron en tiempos de guerra o durante un golpe de Estado. Algunos dirán que ese derecho médico al homicidio entraría en vigor únicamente cuando la víctima diera su consentimiento y que ese consentimiento fuera voluntario y una opción, y no una obligación. La población de Oregon en los E.E.U.U. y en otros países lo sabe mejor por su propia experiencia sangrienta: Desde la introducción del derecho médico a matar en Oregon es la regla, que en caso de enfermedades graves y declaradas por parte de los médicos como "incurables", cuyo tratamiento es muy caro (en caso de cáncer o SIDA por ejemplo), el seguro se niega a correr con los costes del tratamiento, costes que deben al contribuyente. Pero lo que el seguro paga inmediatamente y sin más contemplaciones, es la píldora letal.

Para parar esta intentona golpista por parte de la clase médica y por vía de decreto gubernamental, he aquí la siguiente petición que se nos ha sido enviada para firmarla y mandarla a la Presidencia de la República de Colombia.

PF/SPK EMF Colombia

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Bogotá D.C., Febrero 22 de 2015

Sr. Presidente de la República

Dr. Juan Manuel Santos Calderón

Presidencia de la República de Colombia

contacto (at) presidencia.gov.co

Sr. Ministro de Salud

Dr. Alejandro Gaviria Uribe

Ministerio de Salud

Por la presente se solicita al gobierno nacional abstenerse de reglamentar por decreto la así llamada eutanasia. Aunque lo prescriba la Corte Constitucional, el gobierno nacional no debe someterse a la clase médica.

La Constitución establece la independencia de poderes, los magistrados de la Corte Constitucional no son ni el gobierno ni son el legislador y el gobierno no es el legislador.

El código penal que castiga la eutanasia, tipificada bajo el delito de "homicidio por piedad", sigue vigente y no puede ser derogado mediante decreto presidencial.

En varias ocasiones en los últimos años el legislador, ateniéndose a la manifiesta voluntad de la gente, ha rehusado legalizar la así dicha eutanasia, que por ende sigue tipificada como delito. El legislador es el único facultado para modificar el código penal.

Si el derecho a la vida no es garantizado entonces todo derecho es derogado, ningún derecho, ninguna así llamada libertad se puede ejercer sino se está vivo. No se puede hablar de la vida digna de un muerto.

La vida digna se realiza aboliendo las condiciones nocivas y letales que hacen sufrir a la gente, no matando a la gente. La gente quiere vivir, solamente no quiere seguir viviendo así, bajo esas condiciones nocivas. En todo caso viviendo se vive mejor que muerto. Nadie necesita un derecho a morir, nadie requiere un derecho para dejarse matar de un médico.

Son los médicos los que exigen y a quienes conviene un derecho a matar con impunidad, una prerrogativa, un privilegio que el gobierno no tiene ni el deber ni el derecho de aceptar sino al contrario: el deber del gobierno es proteger a la población contra la amenaza que implica el que se permita a los médicos matar impunemente. El homicidio es y sigue siendo homicidio aunque el que lo perpetre sea un médico.

El 25 de enero de 2012, los 47 países miembros de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa han tomado vía resolución las siguientes decisiones: la eutanasia sigue prohibida. Toda propaganda de exterminio es de combatir. El tratamiento forzoso contra la voluntad del paciente está prohibido. La voluntad del paciente tiene la máxima prioridad jurídica y legal. Así pues ratificando lo que ya había antes recomendado la misma Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en 1999, una recomendación titulada: "Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano". Allí el Consejo de Europa ha mantenido el principio de que los estados han de garantizar "el derecho a vivir en dignidad humana durante toda la vida hasta el final". En esta recomendación se establece que "el deseo de morir nunca puede justificar el derecho a morir mediante la mano de otro, ni mucho menos fundamentar por la ley el homicidio con consentimiento de la víctima." Estas recomendaciones se basan en la legislación internacional y los tratados internacionales de derechos humanos que son vinculantes para Colombia, y por ende las debería tener en cuenta también el gobierno colombiano.

En Canadá recientemente la Corte Suprema de Justicia ha pretendido de una manera similar imponer la voluntad de la clase médica y ha ordenado al parlamento canadiense legalizar la eutanasia. Pero también los canadienses quieren vivir y no morir. En abril de 2010, el proyecto de ley C-384, que pretendía legalizar la así llamada eutanasia fue derrotado por una vasta mayoría en el parlamento. O sea, de manera clara: el pueblo canadiense de hecho y de manera enfática ha rechazado el moderno eutaNAZismo primigeniamente médico. Ya antes la clase médica sirviéndose de la Corte Suprema de Justicia había intentado un golpe de mano similar en Junio de 2012, pero ateniéndose a la voluntad expresa del pueblo canadiense, el Ministro de Justicia y Fiscal General de Canadá ha apelado esa decisión en 2012: la prohibición de la eutanasia existe para proteger a la gente más vulnerable, a los enfermos y a los ancianos, ha dicho el ministro canadiense.

Las supuestas medidas de control son inútiles. Los médicos no se atienen a ellas. En Holanda donde la eutanasia ha sido legalizada los médicos siguen transgrediendo las regulaciones y límites, igualmente en Bélgica donde la cosa ha derivado en que actualmente a los médicos se les permite matar bajo el mote de eutanasia incluso a los niños.

También la legislación eutaNAZI holandesa fue pensada, según la propia autoconsideración del legislador holandés, para limitar la eutaNAZIa practicada ilegalmente, a unos casos estrechamente restringidos. Después de que las garantías de impunidad para los casos de asesinato cometidos por médicos, concedidas por el Ministerio de Justicia, no habían sido suficientes para mantener este asesinato dentro de ciertos límites, entonces entró en vigor una primera legislación eutaNAZI en Holanda el 1.1.1994. Después de no atenerse los médicos con sus prácticas asesinas a escala masiva a los límites impuestos por la ley, entonces uno al menos podría haber esperado que esos médicos fueran llevados ante los tribunales y fueran condenados por sus crímenes. ¡Nada de eso! Por el contrario: las leyes penales fueron cambiadas para quitarle su severidad y rigor, y así quitarles a los médicos su miedo a la ley. Los márgenes de la ley para el asesinato impune cometido por médicos, fueron ampliados y puestos en vigor el 1 de abril de 2001: todavía más pacientes y más categorías de pacientes fueron declarados dignos de ser matados como presas en la caza libre de los médicos. Como tampoco fue suficiente con esta segunda modificación de la ley para mantener dentro del marco legal al asesinato de pacientes cometido por los rapaces médicos, entonces estos asesinos médicos no fueron puestos fuera de circulación; ¡no!, sino que nuevamente la ley tenía que ceder para dar vía libre a los médicos. Actualmente esto incluye niños, incluso niños recién nacidos (véase "Protocolo de Groningen") y pacientes que no pueden dar su consentimiento. El pretexto de los juristas y parlamentarios de Holanda: "restringir y frenar la eutanasia mediante la legislación e impedir su abuso", ha sido desenmascarado.

Y también en Colombia la cosa no es distinta: actualmente médicos no sólo hacen propaganda abierta de la eutaNAZIa sino que pueden salir en los medios masivos de comunicación, desde periódicos hasta televisión, diciendo que han matado cientos de pacientes bajo el mote de eutanasia, incluido a un niño pequeño, o sin contar con el consentimiento de los pacientes o sea incluso sobrepasando los límites que la misma Corte Constitucional ha puesto en su vergonzosa sentencia C-239/97 a favor de la eutanasia. Y tal médico puede incluso anunciar sus delitos ante el Senado, y transmitirlos en televisión, pero la autoridad competente no les ha acusado ante los jueces ni mucho menos arrestado ni condenado (ver anexo). De tales cosas es que debe preocuparse el gobierno, no de alentar a más médicos a hacer lo mismo con impunidad y poner así en riesgo a la gente.

A continuación y como parte de los fundamentos y hechos que sustentan este derecho de petición, y que por ende debe considerar el gobierno, se incluye documentación de las acciones que ciudadanos han emprendido durante los últimos años en contra de los intentos de legalizar la eutanasia y de las acciones jurídicas puestas por ciudadanos ante las autoridades por los homicidios confesados por médicos. Es decir, documentación sobre las acciones que masivamente ha apoyado la gente CONTRA la eutaNAZIa. Esa es la voz de la gente, la voz de la ciudadanía a la que debe responder y someterse el gobierno, en lugar de a los dictámenes de la clase médica.

El gobierno nacional debe abstenerse de reglamentar por decreto la así llamada eutanasia. Aunque lo prescriba la Corte Constitucional, el gobierno nacional no debe someterse a la clase médica. La clase de pacientes es el primer deber ciudadano.

Firma,

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